La discusión en
torno a la actualización del salario mínimo legal no llegó a un
acuerdo. El problema no es la falta de capacidad de consenso sino
que, ante los muy bajos niveles de productividad vigentes, el salario
mínimo no es una herramienta eficaz para sacar a la gente de la
pobreza. En lugar de seguir embarcado en controversias estériles, el
Consejo del Salario Mínimo debería abordar la modernización de las
instituciones laborales y educativas.
El salario mínimo
legal es una de las regulaciones laborales que mayor atención atrae.
Se lo asocia con la búsqueda de una distribución más igualitaria
del ingreso y la reducción de la pobreza. Tanta es la importancia
que se le asigna que está explícitamente creado por la Constitución
y se contempla un organismo tripartito para su actualización, el
Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil con representación del
Gobierno, los empleadores y los sindicatos. Por la alta inflación,
se viene repitiendo la práctica de convocar anualmente al Consejo
para actualizar su monto.
En esta oportunidad
no hubo acuerdo y finalmente el Gobierno laudó aplicando un
incremento del 24%, llevando gradualmente el valor del salario mínimo
legal desde $8.060 a $10.000 mensuales en julio del 2018. El nuevo
monto es rechazado por la CGT por considerarlo insuficiente. A modo
de referencia, con el aumento, el salario mínimo legal apenas
cubriría hoy el 68% de la canasta básica (que el INDEC estima en
$14.666 por mes para una familia tipo) y la cobertura será bastante
más baja en julio del año que viene.
¿Ayudaría un monto
mayor del salario mínimo a cumplir con el objetivo de reducir la
pobreza? Para responder a este interrogante resulta pertinente apelar
a los datos de la encuesta de hogares del INDEC. Según esta fuente
se observa que:
El 23% de los trabajadores privados tiene ingresos inferiores al salario mínimo legal.De éstos, el 11% son asalariados privados registrados.El 89% restante se distribuye en proporciones similares entre asalariados privados no registrados y cuentapropistas.
Estos datos muestran
que, aun con un monto de salario mínimo legal muy inferior a la
línea de pobreza, muchos trabajadores no llegan a generar
remuneraciones equivalentes o superiores. Prácticamente 1 de cada 4
trabajadores privados gana por debajo del salario mínimo legal. Pero
la evidencia mas sugerente es que la gran mayoría, 9 de cada 10, son
personas que trabajan en la informalidad, sea porque su empresa no
las registró o porque son cuentapropistas que no cumplen con sus
obligaciones tributarias y previsionales.
Este cuadro de
situación demuestra que el problema no se origina en la falta de
capacidad para consensuar un monto del salario mínimo legal adecuado
sino que, con los actuales niveles de productividad, el salario
mínimo no sirve para alcanzar los objetivos que se persiguen con él.
Peor aún, una suba más agresiva probablemente induzca aumentos en
la informalidad laboral que potenciarán su incapacidad para reducir
la pobreza.
Estas debilidades
del salario mínimo se originan en la conformación productiva y
laboral prevaleciente desde hace décadas en la Argentina. Los bajos
ingresos de muchos trabajadores están asociados a muy reducidos
niveles de productividad. En la mayoría de los casos se trata de
pequeñas empresas o emprendimientos unipersonales que subsisten
gracias a la informalidad, es decir, al incumplimiento de las normas
(incluida la que fija el salario mínimo legal). Esta realidad no se
va a revertir aumentando el salario mínimo o fortaleciendo los
controles para forzar a que se cumpla sino con un cambio de enfoque
en las estrategias de políticas publicas.
Planteado el
problema de esta manera, la función del Consejo del Salario Mínimo
migra desde rol actual –discutir de manera inconducente montos del
piso de la remuneración asalariada– a abordar la frondosa agenda
de políticas que dé sustento a un proceso de aumento sostenido de
la productividad. Esto incluye acciones para multiplicar las
inversiones, aumentar la cobertura de la educación y mejorar su
calidad y pertinencia con el mundo del trabajo y, fundamentalmente,
simplificar la legislación laboral y reducir la litigiosidad laboral
y el peso de las cargas sociales en los bajos salarios.
Cualquier consenso
en estos temas garantiza un avance hacia la meta de estimular el
empleo de calidad. Esta es la manera de darle oportunidades a la
gente para que no solo salga de la pobreza sino que en base a su
esfuerzo pueda ser artífice de su propio progreso.
Fuente:WWW.IDESA.ORG
Comparta. Difunda. Multiplique. Utilice. Reproduzca. Comunique. Pero siempre respetando el trabajo de los otros. “Cita la fuente no te hace menos periodista, sino mejor persona”
ConversionConversion EmoticonEmoticon